LEGISLACIÓN DEL USO DE LA FUERZA Y LOS DERECHOS HUMANOS – PARTE 1

     Necesario elaborar una Legislación del Uso de la Fuerza de las Instituciones de Seguridad Pública en los ámbitos Federal y locales.

Las tesis del origen y justificación del Estado, son coincidentes en que el exclusivo detentador legítimo de la fuerza es el propio Estado, a través de sus instituciones avocadas al mantenimiento del orden, la libertad y la paz pública, para lograr la convivencia social.

Es éste el primer encargado de dictar la orientación para determinar el momento y circunstancias en que hace uso de ese monopolio de fuerza legítima para preservar el Estado de Derecho, con fundamento en el marco constitucional, que establece derechos que toda autoridad debe respetar y garantizar, así como principios sobre la seguridad pública y actuación de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública.

Estas ideas son coincidentes con los comentarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su Informe y Resolución sobre el “caso Atenco”, relativo al uso de la fuerza pública,[1]donde manifestó que el asunto dejó en evidencia omisiones importantes en materia de policía y seguridad pública, que por sí mismos propician condiciones de vulnerabilidad de los derechos humanos.

Y en cuanto  a las omisiones legislativas sobre el uso de la fuerza pública y todo lo relacionado con ella, señaló que en términos generales las leyes mexicanas prácticamente no han establecido –salvo el caso del Distrito Federal-, normativamente supuestos en que es legal el uso de la fuerza. Y que los principios que contiene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre el tema hay que aterrizarlos y darles contenidos, porque son la base sobre la cual deben construirse estructuras a nivel legal, reglamentario y protocolario.

También, la Corte Europea de Derechos Humanos sustentó la necesidad de elaborar leyes sobre el tema, que su inexistencia es por sí violatoria de los derechos humanos. Particularmente del derecho a la vida y de integridad personal (física y psicológica), ambos en su vertiente positiva. Y al Estado corresponde realizar acciones, incluyendo las legislativas, que coadyuven a su observancia y ejercicio.

Que esa ausencia da paso a que la fuerza pública sea ejercida irresponsablemente, sin sujetarse a los ya reconocidos en el derecho humanitario a toda persona, particularmente a quienes son objeto de una acción de policía, que son recogidos y tutelados por nuestra Carta Magna.

Es el Artículo 21 de la Carta Magna, el que establece en su párrafo noveno que “la actuación de las Instituciones de Seguridad Pública se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”.

 

LEGISPOL, Consultores.

 

 

Palabras Clave: Carta Magna, Derechos Humanos, LEGISPOL, Ley, Paz Pública, Seguridad Pública, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Uso de la Fuerza.

 

 



[1]  Sentencia del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la Investigación Constitucional realizada por la Comisión designada en el expediente 3/2006, Caso Atenco, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de septiembre de 2009.