ARMONIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE CONSULTA POPULAR EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.

En la medida que se armonicen las disposiciones locales a los contenidos de la reforma Constitucional, este valioso mecanismo de participación ciudadana podrá penetrar con mayor celeridad en las comunidades del país.

 

Las legislaciones locales del país, excepto Campeche prevén en sus Constituciones la figura de la Iniciativa Popular. Incluso el Distrito Federal, en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

En cuanto a disposiciones secundarias, ya sea en su Código Electoral o su Ley de Participación Ciudadana no todas las Entidades Federativas tienen la normatividad que regule esta valiosa figura de participación ciudadana directa.[1]

Una aportación de gran relevancia para la vida democrática de México, es la reforma constitucional del 9 de agosto de 2012, cuando en el Diario Oficial de la Federación se publicó el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política, que incluye figuras de participación ciudadana, entre ellas la Consulta Popular.

Es el artículo 35 Constitucional  de esa reforma, el que establece que son derechos del ciudadano, entre otros:

 

VIII. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán a lo siguiente:

 

1o. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de:

 

a) El Presidente de la República;

 

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión; o

 

c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en los términos que determine la ley.

 

Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) anterior, la petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión,

 

2o. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes;

 

3oNo podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta;

 

4o. El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el inciso c) del apartado 1o. de la presente fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados;

 

5o. La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal;

 

6o. Las resoluciones del Instituto Federal Electoral podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 41, así como de la fracción III del artículo 99 de esta Constitución; y

 

7o. Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción.

 

El 10 de agosto de 2012 entró en vigor el decreto de reformas y adiciones a la Carta Magna, conforme a su Artículo Primero Transitorio.

Conforme a sus Artículos Transitorios Segundo y Tercero, el Congreso de la Unión tendría que expedir la legislación secundaria a más tardar en un año contado a partir de la entrada en vigor de esta reforma. Y los Congresos Locales, así como la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tendrían el mismo plazo para adecuar sus Leyes.

El 14 de marzo de 2014, ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de Consulta Popular, que consta de  65 Artículos y  6 Transitorios. Es reglamentaria de la fracción VIII del Artículo 35 Constitucional.

 

A casi dos años de la entrada en vigor de la reforma Constitucional, es de enorme relevancia que también se armonicen las disposiciones locales a los contenidos de ella, ya que se trata de darle un peso específico directo a la voz de las y los ciudadanos, en temas de enorme repercusión en la vida de las comunidades del país.

 

 

 LEGISPOL Consultores, S.C.

 

 

 

 

Palabras Clave: Ciudadano, Consulta Popular, Democracia, Elección, LEGISPOL, Participación Ciudadana.

 

 



[1]“Iniciativa Popular”. Estudio Comparativo de su regulación a nivel Constitucional y de las Leyes en la materia en el ámbito local. Maestra Claudia Gamboa Montejano Investigadora Parlamentaria, Licenciada Miriam Gutiérrez Sánchez Auxiliar de Investigación. Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis. LXI Legislatura, Cámara de Diputados. Julio, 2012. Págs. 2 y 3.      http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/spi/SAPI-ISS-18-12.pdf