El Programa de Atención Integral a Víctimas 2014-2018

El 26% de la población encuestada estimó que no se respetaron sus derechos por no tener dinero y una de cada 10 personas estuvo de acuerdo con que “los indígenas son pobres porque no trabajan lo suficiente”.

Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010.

El 16 de julio de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa de Atención Integral a Víctimas 2014-2018, aprobado por el Pleno del Sistema Nacional de Atención a Víctimas el 20 de mayo de 2015, en la que participaron el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los Comisionados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Secretario de Gobernación, así como representantes de las Comisiones de Justicia de las Cámaras del H. Congreso de la Unión, de la Conferencia Nacional de Gobernadores, de la Conferencia Permanente de Congresos Locales y de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos.

En el diagnóstico realizado en dicho programa respecto a la situación actual de la atención a víctimas del delito en México, se detectaron las siguientes cinco problemáticas principales:

  • Descoordinación entre las instancias involucradas en el Sistema Nacional de Atención a Víctimas para lograr su adecuado funcionamiento;
  • Deficiente acceso, de manera integral, a una asistencia, atención, protección y reparación para las víctimas;
  • Desconfianza a las instituciones gubernamentales e incapacidad de los servidores públicos para la atención y acompañamiento a víctimas del delito o violaciones a sus derechos humanos;
  • Falta de acceso de las víctimas a las medidas establecidas en la Ley General de Víctimas que atiendan su situación de vulnerabilidad con enfoque diferenciado; y
  • Inadecuado acceso a las medidas de prevención, atención, asistencia y reparación a las víctimas de delito y violaciones a derechos humanos.

A efecto de atender la problemática, así como las obligaciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales de que México es parte, así como la Ley, en el Programa de Atención Integral a Víctimas 2014-2018, se plantean cinco objetivos:

Objetivo 1. Fortalecer la coordinación entre las instancias involucradas en el Sistema Nacional de Atención a Víctimas para lograr su adecuado funcionamiento;

Objetivo 2. Asegurar a las víctimas el acceso efectivo a los servicios y medidas de asistencia, atención y protección;

Objetivo 3. Consolidar la cultura de respeto a los derechos humanos en las y los servidores públicos responsables de asistir a víctimas;

Objetivo 4. Garantizar a las víctimas el acceso a las medidas de atención, con enfoque diferenciado y énfasis en condiciones de vulnerabilidad; y

Objetivo 5. Generar medidas de prevención, atención, asistencia y reparación para las víctimas de delitos específicos y violaciones a derechos humanos.

Estos objetivos se alinearon con el Plan Nacional de Desarrollo de la presente administración federal y se establecen 23 estrategias que permitirán, por lo menos en el ámbito de la planeación, conseguir los objetivos planteados:

Estrategia 1.1. Fortalecer el funcionamiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas;

Estrategia 1.2. Reforzar y consolidar los servicios, mecanismos e instituciones para la asistencia y atención de víctimas en todas las entidades federativas;

Estrategia 1.3. Incrementar las acciones de coordinación interinstitucional entre las instancias del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y Organizaciones de la Sociedad Civil para garantizar los derechos de las víctimas;

Estrategia 1.4. Difundir los derechos de las víctimas directas, indirectas y potenciales;

Estrategia 2.1. Instrumentar acciones de ayuda provisional, de emergencia y de asistencia médica a víctimas;

Estrategia 2.2. Implementar medidas de atención a las víctimas en materia de acceso a la justicia;

Estrategia 2.3. Implementar medidas de atención a las víctimas en materia económica, de educación y de desarrollo social;

Estrategia 2.4. Implementar medidas para la reparación integral de las víctimas;

Estrategia 3.1. Promover conocimientos, actitudes y condiciones favorables para los servidores públicos que garanticen el ejercicio de los derechos de las víctimas;

Estrategia 3.2. Fortalecer la formación de las y los servidores públicos de las instancias del Sistema Nacional de Atención a Víctimas;

Estrategia 4.1. Promover una atención integral a mujeres víctimas de todo tipo de violencia;

Estrategia 4.2. Promover una atención adecuada a víctimas según sus necesidades del ciclo vital;

Estrategia 4.3. Promover una atención adecuada de personas con discapacidad que son víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos;

Estrategia 4.4. Promover una atención integral a personas indígenas víctimas del delito o de violaciones de derechos humanos;

Estrategia 4.5. Promover una atención integral de personas migrantes que son víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos;

Estrategia 4.6. Promover una atención adecuada a víctimas de desplazamiento interno forzado;

Estrategia 5.1. Promover una atención integral a víctimas de violencia sexual y trata de personas;

Estrategia 5.2. Salvaguardar una atención integral a víctimas de detenciones arbitrarias;

Estrategia 5.3. Promover una atención adecuada de víctimas de homicidio y feminicidio;

Estrategia 5.4. Promover una atención adecuada de víctimas de secuestro;

Estrategia 5.5. Promover mecanismos para la identificación y atención de casos de víctimas de tortura;

Estrategia 5.6. Promover mecanismos para la identificación y atención de casos de víctimas de desaparición y desaparición forzada de personas; y

Estrategia 5.7. Desarrollar instrumentos para la atención integral de víctimas de violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Como se aprecia, el Programa de Atención Integral a Víctimas 2014-2018 es sumamente ambicioso y constituye un esfuerzo encomiable de las autoridades encargadas de esta tarea para cumplir con los ordenamientos en la materia.

Corresponde a las instancias de control competentes y a la sociedad civil organizada vigilar la adecuada aplicación de este Programa Integral en todo el país así como evaluar los resultados obtenidos para proponer las modificaciones correspondientes que permitan atender a las personas que son sujetos de un ilícito.

 

LEGISPOL Consultores, S.C.