A debate legislativo el Mando Único Policial

La propuesta presidencial plantea tres objetivos: a) Definir el esquema de Mando Único policial en las Entidades Federativas; b) facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes generales en materia penal; y c) establecer la posibilidad de que el gobierno federal asuma la dirección de un Municipio cuando haya indicios de que fue infiltrado por la delincuencia, mediante la Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales.

Resulta previsible al inicio del segundo período de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, el 1º de febrero, que entre los primeros dictámenes a debatir se incluya el correspondiente a la Iniciativa presidencial para crear el mando único policial.

La Iniciativa del Presidente de la República en materia de seguridad, enviada el 2 de diciembre de 2014 al Senado como Cámara de Origen, propone reformar los artículos 21, 73, 104, 105, 115, 116 y 123 de la Carta Magna.

En el análisis de su contenido, los Grupos Parlamentarios de los Partidos Políticos de oposición han manifestado que no la aprobarán tal como fue enviada, cuya propuesta central consiste en la conformación de 32 policías estatales que absorban a las actuales policías municipales. Senadores de esos Grupos Parlamentarios, argumentan que no permitirán que se restrinja la autonomía de los Municipios y que tampoco darán cheques en blanco a Gobernadores para su control.

Un argumento que se suma al de dicha autonomía, es que la seguridad pública además de un servicio exclusivo de la autoridad del Estado, es una percepción que surge desde el entorno familiar vecinal y comunitario, por lo que el prevenir y atender factores, causas de la inseguridad pública, así como sus manifestaciones, como las faltas de policía y buen gobierno y los delitos, inician en el ambiente y ámbito municipal.

Entre sus motivaciones, afirma el Ejecutivo que es respuesta a la necesidad de atender la “disparidad” y la “falta de coordinación” entre policías municipales con las estatales y federales, que ha imposibilitado al Estado mexicano el cumplir con su función de dar seguridad a los mexicanos.

Consecuente con esta motivación sería el fortalecimiento de mecanismos de coordinación y la real preparación y control, atendiendo a los componentes, procedimientos y modelo policial que establece la legislación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los tres órdenes de gobierno.

Sin embargo, el Presidente de la República plantea desaparecer a las mil 800 policías municipales existentes y entregar el control total de la seguridad a los Gobernadores, a través del mando único de policía estatal, para que éstos asuman el mando de las policías de manera paulatina, en la mayoría de los casos. Y que los tiempos quedan definidos en “planes estratégicos de transición”.

La Iniciativa de Peña Nieto establece, que los mandatarios locales también podrán asumir el mando de las policías municipales en casos de alteración del orden, fuerza mayor o cuando considere “que la situación lo amerita”. Además, en el articulado se contempla que los municipios paguen a los Gobernadores por el servicio de seguridad pública. Busca también la desaparición de municipios en caso de penetración del crimen organizado.

La Iniciativa presidencial se analiza en las Comisiones de Puntos Constitucionales, Justicia y Estudios Legislativos Segunda del Senado. Para los legisladores del Partido Acción Nacional, se requiere una cirugía mayor que atienda realmente los problemas de inseguridad del país. Para los del Partido de la Revolución Democrática, existen severas inconsistencias cuyo común denominador es el deslinde de responsabilidades del Estado mexicano, las cuales traspasan a los Estados que lo conforman.

Un antecedente de Iniciativa que también propone el mando único policial, es la que el 7 de octubre de 2010, presentó el entonces Presidente de la República Mexicana, Felipe Calderón ante el Senado, para reformar los artículos 21, 73, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Calderón propusoque las policías de cada Estado operen bajo un sólo mando, que originariamente será ejercido por el Gobernador, pudiendo éste nombrar al titular de dichas policías. Éstas se encargarían de salvaguardar la integridad, los derechos, las libertades y el patrimonio de las personas, así como preservar el orden y la paz públicos y, en su caso, restablecerlo, realizar funciones de prevención de la violencia y los delitos, de investigación para hacerla efectiva, de reacción inmediata en contra de los delitos y la sanción de infracciones administrativas.

Asimismo, que los municipios, para contar con policías deberán no sólo certificar a sus integrantes a través de las evaluaciones de control de confianza, sino acreditar que las instituciones mismas cumplen con las condiciones objetivas de desarrollo institucional que establezca la Ley General para las policías. En caso de que estos cuerpos policiales municipales no logren obtener la acreditación correspondiente, quedará a cargo de la policía estatal respectiva, bajo el mando del gobernador, quien estará obligado a garantizar la seguridad pública en los municipios en todo momento, de manera inmediata y sin excepción, cuando así lo soliciten los Presidentes Municipales.

Ahora bien, en lo que a las funciones de prevención y reacción inmediata en contra de los delitos se refiere, propuso Calderón que tanto las policías federales, estatales y, en su caso, municipales deberán desempeñarlas con independencia de que la conducta delictiva corresponda al fuero federal o común, reconociendo que la calificación del fuero es función del Ministerio Público de la Federación y de las Entidades Federativas. Lo anterior, tiene como objeto evitar que los cuerpos policiales evadan sus responsabilidades bajo la excusa de la no competencia, por lo que adicionalmente se propone consagrar los principios de subsidiariedad y corresponsabilidad.

El “principio de subsidiariedad” o “de complementariedad escalona” establece que el orden de gobierno más amplio, distante o mayor no debe hacer lo que el orden de gobierno más próximo o cercano a la ciudadanía puede hacer. Sólo cuando éste no pueda, no sepa o no quiera resolver los problemas públicos de su comunidad, entonces entra complementariamente el siguiente orden de gobierno. En la realidad actual del país, ante las debilidades estructurales del orden municipal en materia de seguridad pública, el siguiente orden de gobierno, el estatal, debe tener capacidades suficientes para hacerse cargo de responder a las exigencias ciudadanas y, cuando éste tampoco pueda hacerlo, entonces el siguiente círculo concéntrico gubernamental debe asumir las tareas.

Complementariamente y reconociendo que en la actualidad existen casos en los que la concurrencia de cuerpos policiales evita el cumplimiento de los fines de la seguridad pública, derivado de la ausencia de coordinación y mando, se propone que la ley secundaria defina los supuestos en los que la policía federal dirigirá operativamente a la policía estatal, y en su caso, municipal o metropolitana.

Por otro lado, la iniciativa de Felipe Clderón prevé un sistema de subsidiariedad en un segundo nivel en materia policial para que la policía federal pueda asumir la conducción de las policías estatales en aquéllas Entidades Federativas en las que sus mandos superiores no cumplan los fines de la seguridad pública, lo mismo por incapacidad, que por corrupción o cooptación, o por cualquier otra circunstancia que impida el cumplimiento de los mismos.

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