Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Sea cual sea el modelo de policía, es indispensable cubrir el vacío de legislación que regule el uso de la fuerza policial.

La CIDH recomienda al Gobierno federal la creación de una ley general sobre el uso de la fuerza.

Los primeros días de marzo de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio a conocer su informe “Situación de los Derechos Humanos en México”. Entre los puntos más destacados de sus recomendaciones:

Que es indispensable que el Gobierno Federal presente un plan concreto y por escrito sobre el retiro gradual de las fuerzas armadas de tareas que por su naturaleza corresponden a las fuerzas policiales civiles.

La creación de una ley general sobre el uso de la fuerza que incluya estándares internacionales en la materia y adoptar las medidas procedentes para que toda fuerza de seguridad informe de operativos donde resulten decesos.

Esta recomendación es coincidente con la que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su resolución sobre el “Caso Atenco”, publicada el 21 de septiembre de 2009, relacionada con hechos ocurridos en San Salvador Atenco, Estado de México, los días 3 y 4 de mayo de 2006, donde puso de manifiesto la necesidad de legislar sobre el uso de la fuerza pública en los distintos ámbitos de actuación.

La Corte concluyó que en su diseño, el operativo policial que se desarrolló en las primeras horas del 4 de mayo, denotó profesionalismo, ya que sin usar armas letales y solo equipo antimotín, se dispuso que un grupo de élite recuperara camiones cargados con gas LP y amoniaco, ubicados en la carretera por el grupo de manifestantes, quienes además portaron machetes y una bomba de fabricación casera. Incluso, participó el Grupo GOPES, especializado en rescate de personas secuestradas.

En suma, el operativo fue justificado en su planeación y eficaz en sus resultados, pero lamentablemente durante el mismo, policías de la Agencia de Seguridad Estatal y de la entonces Policía Federal Preventiva, incurrieron en conductas deshonestas, falta de profesionalismo y violaciones de derechos humanos, al catear ilegalmente domicilios, golpear manifestantes al estar ya sometidos, incurrieron en violencia física y verbal y, en el caso de mujeres, a varias las agredieron sexualmente, por lo que hubo exceso en el uso de la fuerza policía, evidenciando graves condiciones de vulnerabilidad.

Y con severidad critica las omisiones legislativas en cuanto al uso de la fuerza pública y todo lo relacionado con ella; señala que en términos generales las leyes mexicanas prácticamente no han establecido -refiriéndose al 2009-, salvo el caso del D.F., normativamente supuestos en que es legal el uso de la fuerza. Y los principios de la Constitución hay que aterrizarlos y darles contenidos, porque son la base sobre la cual deben construirse estructuras a nivel legal, reglamentario y protocolario.

Han pasado más de 6 años de esta resolución del Máximo Tribunal del país y es la CIDH, en recomendación, la que señala la necesidad de regular el uso de la fuerza pública. Mientras las y los legisladores no expidan una legislación -general o federal- seguida de las legislaciones para las Entidades Federativas, la sola omisión en su regulación, como lo señaló la propia Suprema Corte en su resolución del Caso Atenco, constituye una violación a los derechos humanos.

También entre las diversas recomendaciones de la CIDH en su Informe al Gobierno federal, destaca la consistente en adoptar medidas para que funcionarios federales y estatales se abstengan de emitir declaraciones públicas sobre la legalidad de actuaciones de las fuerzas de seguridad, sin que antes hayan hecho las correspondientes investigaciones.

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