La productividad y el compromiso parlamentario

Hoy prácticamente todo es sujeto de medición en el ámbito profesional, ya sea en la iniciativa privada o en la administración pública; medimos para evaluar, para contar con elementos objetivos que nos permitan obtener, a partir de indicadores, información suficiente para tomar decisiones, para valorar el desempeño de un trabajador, de un colaborador e incluso, del superior jerárquico.

Medimos para perfeccionar, eso es claro, establecemos parámetros a partir de objetivos y metas y con ello otorgamos calificaciones que nos arrojan de manera más o menos objetiva, resultados para la mejor toma de decisiones, para reorientar nuestras decisiones o para evitarlas y que con ello se ponga en riesgo la estabilidad y la viabilidad de un proyecto específico.

La posibilidad de medir el desempeño de un individuo en el ámbito laboral ha permitido a las empresas y organizaciones orientar mejor las decisiones que involucran a su capital humano, potenciar sus capacidades a partir de metas claras para él, establecer un sistema de premios, estímulos y recompensas y en el otro extremo, prescindir de quien ha agotado las posibilidades de desarrollo individual y ayudarlo a orientar sus esfuerzos en otras alternativas laborales.

Trasladar este ejercicio al ámbito del servicio público ha sido complejo, sobre todo por el cúmulo de resistencias que de manera natural se presentan en los densos ambientes del servicio público, frases lapidarias como “el gobierno no es la Iniciativa Privada” o “la administración pública es otra cosa” y “aquí siempre se ha trabajado así”, ejemplifican de manera clara las naturales objeciones de la llamada burocracia gubernamental.

Sin embargo, la posibilidad de medir la productividad de un funcionario público ha dejado de ser una aspiración para convertirse en una necesidad como consecuencia del cada vez mayor involucramiento de la sociedad en los asuntos públicos que le competen; el ciudadano promedio ya cuestiona y exige resultados inmediatos como contraprestación a las cada vez mayores cargas tributarias, ha transitado de mero testigo conforme a un intenso crítico del desempeño gubernamental aderezado con la adicional motivación que da el bien o mal ganado descrédito de la cosa pública.

Por ello, la productividad ha venido incrustándose en la genética de lo público, sin embargo, en el caso del Poder Legislativo, todavía encuentra las naturales resistencias debido a la naturaleza sui generis de la actividad legislativa.

No es extraño para quienes nos dedicamos a la Consultoría Legislativa Especializada que al ciudadano común le sea complejo entender la naturaleza de nuestra labor, particularmente cuando se le explica que somos coadyuvantes en aumentar la productividad de un diputado o senador dotándole de los productos legislativos indispensables para su desempeño, diseñados y elaborados por un grupo de expertos de tiempo completo y cuya calidad y viabilidad contrasta con la tradicional maquila de quien se improvisa sin ninguna experiencia en las áreas de asesoría legislativa.

Es claro que los indicadores de productividad llegaron para quedarse y es cuestión de tiempo para que se arraiguen en nichos tan complejos como el ámbito legislativo, sabemos que la dinámica social y la inminente posibilidad de reelección inmediata trae consigo la consecuente necesidad de quien ostenta el cargo de justificarlo ante la ciudadanía bajo mecanismos de rendición de cuentas, de cuantificación de logros y de medición de resultados.

Quien piense que podrá arraigarse en un Congreso y hacer una larga trayectoria parlamentaria con múltiples reelecciones se coloca en una situación de alto riesgo si no valora de forma seria la posibilidad de contar con verdaderos especialistas y establece toda una metodología en su desempeño que incorpore indicadores de productividad, de seguimiento, de vinculación con la sociedad, de respuesta rápida y de calificación en el trabajo diario que incluye asistencias a Sesiones del Pleno y Comisiones, participación en los Debates y presentación de Iniciativas y Puntos de Acuerdo con alto sentido de oportunidad y solución.

La reelección y sobre todo, la fiscalización ciudadana consecuencia del uso de tecnologías de la información, la dinámica comunicacional y el surgimiento de organizaciones sociales lo suficientemente serias y legitimadas para establecer estos llamados “termómetros legislativos”, dan la posibilidad de premiar al legislador productivo y correctamente asesorado o castigar con la no reelección a quien no entendió la dinámica actual y no priorizó la productividad legislativa.

Los legisladores lo son sólo por 156 semanas, por ello los resultados que la ciudadanía exige son inmediatos.

 

LEGISPOL Consultores, S.C.