La deontología y las corporaciones de policía

Aspirar a una policía propia de un Estado Democrático de Derecho implica que en el desempeño su función sea ética y lícita.

La profesionalización policial y el comportamiento ético van de la mano.

Es incuestionable la aportación de la Deontología al desempeño profesional y al servicio público, dando claridad a los deberes de actuación que le exige la actividad misma y los que le impone la ética, al asumir el profesional o el servidor público un compromiso social de servicio a las comunidades. Aun en las profesiones particulares se ha ido tomando conciencia del deber de aportar tiempo y esfuerzo a causas de sectores que lo necesitan.

La Cámara de Diputados recientemente expidió su Código de Ética, motivado en que la ética de todo legislador se convierte en un elemento indispensable para atender de mejor manera las demandas sociales en un régimen democrático, por tanto, resulta trascendente que esta Cámara de representación popular cuente con un Código de Ética que oriente el desempeño de los servidores públicos que forman parte de ella, hacia lo que es benéfico para la sociedad.

Para Víctor Manuel Martínez Chávez (2002), la ética es una cultura para la profesionalización en el servidor público, por lo que siguiendo ese razonamiento, tratándose de las corporaciones policiales, para que sus integrantes logren la imagen de profesionales, deben erradicar la de corrupción que lamentablemente persiste en buena parte de las que operan en las Entidades Federativas del país.

Para ello, es indispensable que tanto los Códigos deontológicos y principios de actuación de las Instituciones de Seguridad Pública, en particular las policías, los lleven a la práctica con un cambio de actitud que permee en las familias y comunidades, con actos concretos que convenzan de que esos elementos policiales son sensibles y solidarios con los problemas y que proveen al bienestar de los gobernados, en suma, que la sociedad crea en su vocación de servicio.

Para la policía y el policía, contar con la legitimidad social, propia de un Estado democrático de Derecho, implica promover y mantener en todo lugar y circunstancia el respeto a la dignidad y los derechos humanos, para lograr credibilidad y confianza en su desempeño.

La preocupación por transformar la imagen de las corporaciones de policía para acercarla a las comunidades y desarrollar sus tareas al servicio de los gobernados, motivó que autoridades políticas, legisladores, académicos y la propia sociedad, construyeran las bases de una visión integral y moderna de la seguridad pública, en la que la policía se ubicó como punto medular a regular en los contenidos de la reforma constitucional de 1994, que establece en el Artículo 21 Constitucional que la actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.

Asimismo, que en la reforma Constitucional de 2008, se agregaran a esos cuatro principios los de objetividad y respeto a los derechos humanos. Y que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional.

A más de dos décadas de haber introducido principios para regir su actuación y a casi una década de haber enriquecido esos contenidos, las mexicanas y los mexicanos no contamos con el modelo de policía que queremos. Hay en el Congreso de la Unión dos temas polémicos que requieren de resolverse para dar certeza a la relación de la policía con la sociedad: el mando único policial, que considero de aprobarse iría en sentido contrario a lo que se quiere de una policía que es la proximidad y cercanía con las comunidades, para una respuesta adecuada e inmediata y el conocimiento de las problemáticas específicas y los entornos.

El otro tema es, que si queremos una policía que desde su comportamiento respete los derechos humanos, es ineludible que se regule el uso de la fuerza en las legislaciones. Este punto de vista lo sostiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que manifiesta en su sentencia del “Caso Atenco”, que no bastan los protocolos y manuales, sino que sea desde las leyes esa regulación. También la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha pronunciado en varias Recomendaciones en el sentido de elaborar una legislación a nivel federal de la regulación del uso de la fuerza policial y de hacerlo en las leyes locales.

En cuanto a la Deontología, si bien ya existe un Código Ético de Conducta de los Servidores Públicos, es conveniente elaborar los contenidos de un Código Ético de Conducta, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el compromiso de que sea adoptado por las corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno del país.

 

María del Carmen Segura Rangel.

Socia Consultora