La Guardia Nacional en México

Alfonso Durazo, propuesto por el presidente de la República electo, como futuro Secretario de Seguridad Pública federal, comentó que concibe la Guardia Nacional como como un órgano que permita concentrar y coordinar todos los recursos en materia de seguridad; que no será una policía única y que estaría conformada por 400 mil efectivos, con personal del ejército, marina y fuerzas de seguridad pública.

Durazo mezcla conceptos de seguridad, a los que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en diversos artículos dota de definiciones propias y para cada corporación prevé atribuciones expresas, obligaciones y prohibiciones precisas que, tanto en el marco legislativo como administrativo, no solo sería incompatible mezclarlas, sino probablemente inconstitucional.

Por ello es conveniente hacer referencia a algunos antecedentes de esta Institución, así como a diversos artículos de la Carta Magna relacionados con la propuesta de integración que dio a conocer Alfonso Durazo.

Respecto a los primeros, con datos extraídos de la amena, didáctica y bien documentada obra “Alternativa a la seguridad: Gendarmería o Guardia Nacional”, del investigador Martín Gabriel Barrón Cruz, el origen histórico de la Guardia Nacional se ubica en la estructura posterior a la toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789, institución formada por el pueblo en armas, integrada por ciudadanos con determinada edad y aptitud física suficiente, formada por el General Marie J. Motier, marqués de La Fayette.[1]

En México, en el proyecto de Constitución de 1842, por primera vez en la historia nacional aparecía el término Guardia Nacional, como un derecho y una obligación de los mexicanos pertenecer a ella. Al Congreso correspondería formar los reglamentos para su disciplina. Sus objetivos: defender dentro de su respectivo territorio la independencia nacional en caso de invasión extranjera. Como servicio ordinario, solo el de asamblea, sin fuero. Se trataría de la defensa el territorio nacional por parte de la sociedad civil.

Una Institución local y regional integrada por ciudadanos/soldados, no debían imitar ni confundirse con miembros del ejército. Para disponer de ella, el presidente de la República debía solicitar autorización al Congreso.

El referido proyecto de Constitución establecía que la fuerza armada del país estaría conformada por 3 grupos: 1. El ejército permanente de mar y tierra destinado a la defensa exterior de la República; 2. La Guardia Nacional integrada por ciudadanos de edad entre 21 y 60 años, para la conservación de las instituciones y del orden público en el interior de los Estados, sin recibir sueldo, no salir de su territorio y sin fuero. 3. La fuerza de policía para la seguridad privada. Las funciones de los tres eran complementarias: la seguridad de la nación correspondía al ejército y la ayuda ante necesidad, a la sociedad civil.[2]

Posteriormente se expiden dos importantes ordenamientos jurídicos: el Reglamento para organizar, armar y disciplinar la Guardia Nacional en los Estados, Distritos y Territorios de la Federación, en 1846; y la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, en 1848.

En la Carta Magna de 1857, se exhorta a todos los mexicanos a cumplir con el deber ciudadano de defender la independencia, territorio, honor e intereses de la patria, haciéndose necesario su encuadramiento en el ejército o en la Guardia Nacional.

La Constitución de 1917, en su artículo 73, fracción XV. dispone que el Congreso tiene facultad: Para dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la Guardia Nacional, reservándose los ciudadanos que la formen, el nombramiento respectivo de jefes y oficiales, y a las entidades federativas la facultad de instruirla conforme a la disciplina prescrita por dichos reglamentos. (fracción reformada el 29 de enero de 2016).

Aun cuando han pasado más de cien años de expedida esta Constitución y que se facultó al Congreso a reglamentar la Guardia Nacional, continúa como asignatura pendiente esa reglamentación.

Todo contenido de su regulación debe considerar entre otros aspectos:

  1. Que la seguridad pública es un servicio exclusivo del Estado, de carácter civil y por tanto no es dable mezclar su función con la de las fuerzas armadas, con funciones de seguridad nacional y defensa exterior para tratar de crear la Guardia Nacional.
  2. Que al diseñar las funciones de la Guardia Nacional se debe tener siempre presente las obligaciones de los mexicanos, los derechos y obligaciones de los ciudadanos; así como las funciones exclusivas para órganos o instituciones del Estado; y
  3. Para la construcción de los contenidos regulatorios de la Guardia Nacional, son de obligado acatamiento los siguientes artículos de la Constitución General relativos a la Guardia Nacional:

Artículo 10. Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas.

Artículo 31, fracción III.  Son obligaciones de los mexicanos: Alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme a la ley orgánica respectiva, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la Patria, así como la tranquilidad y el orden interior.

Artículo 35, fracción IV.  Son derechos del ciudadano: Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional, para la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes.

Artículo 36, fracción II. Son obligaciones del ciudadano de la República: Alistarse en la Guardia Nacional.

Artículo 76, fracción IV.  Son facultades exclusivas del Senado: Dar su consentimiento para que el presidente de la República pueda disponer de la Guardia Nacional fuera de sus respectivas entidades federativas, fijando la fuerza necesaria.

Artículo 78, fracción I. La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución, tendrá las siguientes: I. Prestar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional en los casos de que habla el artículo 76 fracción IV.

Artículo 89, fracción VII. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes: Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos, en los términos que previene la fracción IV del artículo 76.

En suma, conforme a las disposiciones aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se prevén tres Instituciones diferentes que no se puede mezclar: las Fuerzas Armadas, las Corporaciones de Seguridad Pública y la Guardia Nacional.

Carmen Segura

Socia Consultora de LEGISPOL

[1] Barrón, Gabriel. (2015). Alternativa a la seguridad: Gendarmería o Guardia Nacional. Instituto Nacional de Ciencias Penales. P. 31.

[2] Barrón, Gabriel. (2015). Alternativa a la seguridad: Gendarmería o Guardia Nacional. Instituto Nacional de Ciencias Penales. P. 53.