Urgente necesidad de unificar criterios en la elaboración de proyectos legislativos.

  Una de las principales críticas a un proyecto de iniciativa de ley o de reforma, suele ser la manera en cómo está hecho; por el exceso de transcripciones de otras iniciativas similares –o incluso idénticas- su volumen y sobre todo, el uso de un lenguaje obsoleto, así como una total disparidad en la forma en que son presentados sus contenidos.

Independientemente de los esfuerzos recientes que los órganos legislativos Federal y locales han realizado, para crear e institucionalizar el uso de lineamientos para regular el estilo, para mejorar la buena redacción y las reglas de la gramática, así como la fundamentación y motivación; sin embargo, la gran mayoría de las iniciativas de ley o de reforma continúan presentándose sin tomarlos en cuenta.

Son pocos los casos donde las iniciativas están redactadas con brevedad, claridad, con compromiso y rigor técnico, por ello, es importante unificar criterios a partir de la detección de esas deficiencias arriba anotadas, entre lo que debe ser una iniciativa de ley o de reforma y lo que no lo es:

En primer lugar, una iniciativa de ley no es una bitácora de trabajo del legislador ni mucho menos la relación de las etapas de un proceso que llevó a cabo el promovente para llegar a un determinado resultado, ello provoca una excesiva e innecesaria acumulación de información así como total falta de claridad.

En segundo lugar, una iniciativa de ley no es un documento de trabajo en el que se demuestre “todo lo que el legislador tuvo que estudiar” para llegar a una conclusión de creación o modificación normativa, esto se da debido a la falta del conocimiento de la técnica legislativa y quien no conoce esta última –llámese legislador, Secretario Técnico o Asesor- comete el error de desarrollar una investigación o un ejercicio de acumulación de información donde en vez de presentar resultados y razones concretas, se presenta el ejercicio intelectual como si fuese la conclusión misma.

En tercer lugar, una iniciativa no puede ser un catálogo de derecho comparado; en muchas ocasiones tiende el proponente a justificar su propuesta con base en enunciados normativos aplicados en otros estados o países  sin conocer la realidad o eficacia de los mismos, en suma, se tiende a proponer porque así se hace en “x” o “y” país.

En cuarto lugar, una iniciativa de ley no necesariamente es buena por su tamaño pues ello no refleja ningún contenido material, la extensión es acumulación de información, de hecho, una iniciativa cuya enormidad no se justifica, puede ser percibida por los integrantes del órgano legislativo ante quienes es presentada con la sospecha de que la información innecesaria podría estar ocultando algo importante.

Finalizados los descartes, cabe señalar cuáles son los aspectos mínimos que tendría que seguir la redacción de una iniciativa de ley y para ello debemos de partir de la concepción misma del documento. Esta debe ser un trabajo de argumentación en el que no es necesario plasmar los procesos mentales mediante los que se llegó a una conclusión; la iniciativa debe ser un documento terminado que argumente y resuelva el conflicto planteado con una solución a la luz de la modificación o creación de derecho. Sin duda en el proceso de determinar la necesidad de crear o modificar una norma existieron hipótesis, investigaciones, premisas no utilizadas o alternativas, sin embargo, todos esos elementos –importantes para el resultado- no necesariamente tienen que formar parte de la iniciativa, la cual deberá ser la pieza final de un proceso donde lo importante es la claridad de la exposición de motivos, del planteamiento del problema y de las razones que justifican al legislador proponer una solución.

Para ello, la exposición de motivos deberá contener una sucinta narrativa de la problemática que se genera al mantener el enunciado normativo tal como está o los riesgos que se generarían de no existir legislación que regule tal o cual conducta; no es de extrañar que en la vida legislativa de nuestro país encontremos innumerables iniciativas cuya exposición de motivos plantea lo que se debe modificar pero nunca el por qué de la reforma. En este sentido es fundamental que el legislador y su equipo de trabajo adquieran un “compromiso epistemológico”, es decir, que en la iniciativa presentada exista la convicción de resolver problemas de derecho.

Otro aspecto que debe vigilarse en la elaboración de iniciativas de ley y de reformas es el de la coherencia interna en lo correspondiente a la exposición de motivos; para ello, se sugiere que ésta siga una línea ordenada de tres partes argumentativas: el planteamiento del problema (parte sociológica), el desarrollo argumentativo y las razones que motivan la reforma (parte legislativa) y la solución del conflicto social que se daría en caso de ser aprobada (parte política). Para ello, es necesario que estos apartados sean excluyentes entre sí, es decir, que no se repita la información de un apartado en el otro, sino que se armonicen.

Es muy importante que se atienda a un elemental principio de claridad en la redacción pues no se trata de vulgarizar el lenguaje legislativo de una iniciativa sino de clarificar y hacer sencillo su contenido evitando barroquismos pues un aspecto que no debe dejar de lado el legislador es el hecho de que su iniciativa es “fuente de derecho” y será consultada por el juzgador al momento de  ejercer su facultad interpretativa.

Hay que considerar que la calidad de las propuestas legislativas es reflejo del modo de ser y de actuar del legislador y del Congreso al que pertenece, por ello, la modernidad exige nuevas y rigurosas formas en la presentación de una iniciativa de ley o reforma; las mejoras no pueden darse manteniendo los malos hábitos como uso y costumbre.

Palabras clave: Proyecto Legislativo, Iniciativa de Ley, Exposición de Motivos, lenguaje legislativo, técnica legislativa.
Antonio Zepeda.
Socio Consultor de LEGISPOL, S.C.