Legislación de Los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (primera parte)

Juntos suman más de 43 millones de personas en México, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 4 de diciembre de 2014 y entró en vigor al día siguiente. Conforme a su Artículo CUARTO TRANSITORIO, se abroga la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Son cinco sus objetos, con fundamento en el Artículo 1 de la Propia Ley General:

I.- Reconocerlos como titulares de derecho atendiendo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, que establece el Artículo 1º Constitucional;
II.- Garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de derechos humanos, conforme a la Carta Magna y Tratados Internacionales de los que México forme parte;
III.- Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que el Estado cumpla su responsabilidad de garantizar integralmente la protección, prevención y restitución de derechos vulnerados;
IV.- Establecer principios rectores y criterios que orienten la política nacional en la materia;
Facultades, competencias, concurrencia y bases de coordinación entre Federación, Entidades Federativas, Municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal;
La actuación de los Poderes Legislativo y Judicial y los Organismos Constitucionales Autónomos;
V.- Establecer bases generales de participación de sectores privado y social, en acciones para garantizar la protección y ejercicio y prevenir su vulneración.

A efecto de garantizar dicha protección, el Artículo 2 establece que las autoridades deberán:

1.- Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos, en el diseño e instrumentación de políticas y programas de gobierno;
2.- Promover su participación, tomar en cuenta su opinión y aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de Niñas, Niños y Adolescentes, de acuerdo a edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez;
3.- Establecer mecanismos transparentes de seguimiento y evaluación, de la implementación de políticas, programas gubernamentales, legislación y compromisos emanados de Tratados Internacionales en la materia.

Esta Ley General, presenta entre sus características la de desarrollar en detalle, mandatos establecidos en el marco Constitucional, uno de ellos es la previsión de diversos supuestos para reafirmar la prioridad del interés superior de la niñez (Artículo 2):

1.- Cuando se presenten diversas interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva este principio rector;
2.- Al tomar decisiones que afecten a Niñas, Niños y Adolescentes, en lo individual o colectivo, deben evaluarse y ponderar posibles repercusiones para salvaguarda del referido interés superior y garantías procesales;
3.- Las autoridades de los tres órdenes de gobierno, establecerán en sus respectivos Presupuestos, recursos para dar cumplimiento a las acciones que prevé esta Ley General.

Para los efectos de esta Ley, el Artículo 5 precisa que son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad.

Cuando exista duda de si se trata de una persona mayor de dieciocho años de edad, se presumirá que es adolescente. Cuando exista duda de si se trata de una persona mayor o menor de doce años, se presumirá que es niña o niño.

El Artículo 6 establece catorce principios rectores:

I. Interés superior de la niñez; II. Universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 1o. y 4o. de la Carta Magna, así como en Tratados internacionales; III. Igualdad sustantiva; IV. No discriminación; V. Inclusión; VI. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; VII.  Participación; VIII. Interculturalidad; IX. Corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades; X. Transversalidad en la legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales; XI. Autonomía progresiva; XII. Principio pro persona; XIII. Acceso a una vida libre de violencia, y   XIV. Accesibilidad.

El párrafo segundo del Artículo 10, prevé que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas de protección especial de derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o apátrida, o relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, u otros que restrinjan o limiten el ejercicio de sus derechos.

El Artículo 13 establece de manera enunciativa más no limitativa, veinte derechos:

I. A la vida, a la supervivencia y al desarrollo; II. De prioridad; III. A la identidad; IV. A vivir en familia; V. A la igualdad sustantiva; VI. A no ser discriminado; VII. A vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; VIII. A una vida libre de violencia y a la integridad personal; IX. A la protección de la salud y a la seguridad social; X. A la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; XI. A la educación; XII. Al descanso y al esparcimiento; XIII. A la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura; XIV. A la libertad de expresión y de acceso a la información; XV. De participación; XVI. De asociación y reunión; XVII. A la intimidad; XVIII. A la seguridad jurídica y al debido proceso; XIX. Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes; y XX. De acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet, en términos de lo previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

Asimismo, que las referidas autoridades adoptarán las medidas necesarias para garantizar estos derechos a todas las niñas, niños y adolescentes sin discriminación de ningún tipo o condición. En los Artículos siguientes, hasta el 101, desarrolla de manera exhaustiva los contenidos de esos derechos.

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